RECURSO PLANTEADO POR LOS INSPECTORES DE JUEGO DE GALICIA FRENTE A LA XUNTA POR LA DESLEGITIMACIÓN DE SUS FUNCIONES

DARÍO VILLANUEVA, Director General de Emergencias e Interior Los inspectores de Juego de la Xunta mantienen un recurso ante el TSJG por la «deslegitimación de sus funciones» Comprensión y predisposición a devolver el status de autoridad que les pertoca a los inspectores de Juego en consonancia con las atribuciones que les confiere la Xunta de Galicia. Este ha sido el mensaje que el director General de Emergencias e Interior de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Santiago Villanueva, transmitió a una delegación de este colectivo en la reunión que mantuvieron ambas partes el 28 de octubre. Tres subdirectoras de Juego en cinco meses l propio Santiago Villanueva disculpó la demora en recibir a la delegación de funcionarios justificándose en la necesidad de tomar contacto con cada una de las áreas que están bajo su influencia desde que se certificó el triunfo electoral popular en el primer trimestre de este año. El nombramiento de la subdirectora General, quien asume de facto las riendas sobre esta materia, se producía a mediados de octubre pasado, lo cual también ha tenido una clara consecuencia. En verdad, la Subdirección de Juego de Galicia ha vivido una sucesión de nombramientos y ceses escasamente justificables para el conjunto de agentes del Juego Privado en esta comunidad. El 31 de mayo Maria Puy concluyó sus seis años de fuerte implicación en tareas administrativas sobre Juego desde esta posición en la Xunta; una etapa que la generalidad del sector coincide en valorar como escasamente proactiva hacia este colectivo. Adela Quinzá debía ser teóricamente la persona que asumiera las funciones de la Subdirección de Juego y Espectáculos, pero su periplo apenas se prolongó dos meses. Justo el 31 de julio el Dog publicaba su nuevo destino como directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral. Los meses de agosto, septiembre y parte de octubre dejaron este cargo vacío hasta que a mediados de octubre accedía Guillermina Núñez, que desempeñaba funciones como vicesecretaria de la Consejería. l encuentro, solicitado desde bastantes semanas antes del verano, contó con la presencia de Guillermina Núñez, que en su condición de subdirectora General de este departamento, se presume como la interlocutora directa del sector en Galicia. Los inspectores mantienen por vía judicial su oposición al rol otorgado a la Policía Nacional en el combate al juego ilegal en Galicia, que no a que éstos colaboren con ellos. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) admitió a trámite este recurso. El plantel de inspectores de Juego de la Xunta está compuesto por 10 efectivos, que reparten su labor inspectora a lo largo de las cuatro provincias gallegas. Su labor se ha desarrollado acorde con las funciones que se le atribuyen en las reglamentaciones que regulan los diferentes sectores del Juego Privado. Sin embargo, las cosas cambiaron sustancialmente en octubre de 2007. En aquel momento la Dirección General de Interior de la Xunta consideró que las actuaciones sobre el juego ilegal no estaban pro- porcionando los resultados deseados. La decisión política que adoptó como consecuencia de ello fue otorgar mayores competencias en este ámbito a la Policía Nacional adscrita a la Xunta, para lo cual, además, fue creado un Manual de actuación con los protocolos que debían seguir en sus operativos. Entretanto a los funcionarios de inspección de la Xunta les eran delimitadas sus funciones en bingos, casinos y establecimientos de hostelería. «Galicia tiene que tener el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero los inspectores de juego, según la ley actualmente en vigor somos nosotros», explican a JP. «La Policía Nacional adscrita puede prestar una colaboración indudable, pero carece de los conocimientos específicos para abordar incidencias de esta naturaleza. Han querido incluso enfrentarnos», señalan. Tras esta decisión del anterior equipo de gobierno gallego pudiera habitar una clara intención de ampliar las funciones policiales de estos cuerpos, pero la legislación a este respecto pende de un acuerdo que no se ha alcanzado con la Administración central para el desarrollo efectivo de una policía autonómica. La ley del Juego de Galicia, que data de 1985, atribuye las labores inspectoras sobre la materia a estos funcionarios de Juego específico. Durante la anterior legislatura el Partido Popular, entonces en la oposición, interpeló en el Parlamento gallego sobre esta cuestión. Los inspectores optaron por plantear un contencioso ante el TSJG por intromisión del gobierno gallego, que fue finalmente tramitado y que actualmente sigue su curso judicial; un recurso que sólo un compromiso firme a cargo del nuevo director General de desligitimar este Manual les decidiría retirarlo. Las actuaciones de la Policía Nacional adscrita a la Xunta han deparado un volumen significativo de actas en 2008 y 2009. Sin embargo, muy pocas de las que incidieron en las empresas del Recreativo han seguido el procedimiento. Fuentes del sector señalan su descontento por algunas de las actuaciones oficiales acometidas en este tiempo que derivaron incluso en precintos cautelares de las máquinas con el consiguiente perjuicio en su actividad. «El sector es el principal interesado en la supresión del juego ilegal en Galicia porque somos empresas que pagamos religiosamente elevadas tasas y, además, estamos sometidos a un control reglamentario muy estricto», señalan. La principal causa que abrió las diferencias entre la Xunta y sus inspectores de juego en 2007 fue la proliferación de los denominados bingos sociales (especialmente activos en la provincia de Pontevedra), entidades que organizaban partidas de bingo en muchos casos barajando importante cifras de dinero. La incorporación de la Policía Adscrita pretendió ser por parte del anterior Ejecutivo una fórmula óptima para combatir estas actividades ilícitas conforme con la legislación gallega sobre la materia. Lo cierto es que aquella decisión abrió una herida que ponía en entredicho la cualificación y competencia de los inspectores de Juego dependientes de la Xunta. Una de las consecuencias de lo vivido en los últimos dos años podría ser la determinación de los nuevos reguladores de la Xunta de ampliar el número de inspectores que prestan sus funciones en este ámbito. Los inspectores piden la supresión del Manual que desde finales de 2007 otorgaba atribuciones a funcionarios de la Policía Nacional Sensibles a la problemática desde el sector geo ha expresado la preocupación creada entre las empresas asociadas por la situación que atraviesan los inpectores de Juego de la Xunta. Portas valora su capacidad profesional, pero también espera que la Administración apoye esa labor. «Los inspectores saben hacer perfectamente su trabajo y el objetivo tiene que ser que desarrollen su labor profesional bajo parámetros exclusivamente profesionales», explica. Y es que las empresas de Ageo son coincidentes al afirmar que la labor de la Policía Nacional adscrita a la Xunta no posee los conocimientos específicos que requiere esta materia. Y la resultante ha sido la incoación de actas erróneamente. «Aparentemente los efectivos de la Policía Adscrita no deben estar aplicando correctamente ese Manual que fue elaborado por el anterior equipo de gobierno», comenta Portas al reconocer que la gran mayoría de actas levantadas no se ajustaban lo adecuado. Respecto de la petición que efectúan los Inspectores de Juego de la Xunta para la retirada del Manual utiliza por la Policía Adscrita en los últimos dos años, Ageo opone la necesidad de hallar un consenso con el sector en la definición de ese Manual. Portas propone como primer argumento indispensable que la máquina recreativa instalada acredite estar al corriente de la tasa fiscal sobre el juego. «Hay que hallar un consenso con el sector en la definición del Manual en el futuro», afirma Serafín Portas Fuente: Joc Privat. Diciembre 2009. Revista nº 190